La Contraloría General de la República emitió este lunes una advertencia sobre un nuevo riesgo de racionamiento energético en Colombia. Según el organismo de control, la acumulación de deudas cercanas a $7 billones en subsidios y opción tarifaria pone en peligro la prestación de servicios básicos de energía eléctrica y gas, afectando principalmente a los estratos 1, 2 y 3.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que el Gobierno debe tomar medidas inmediatas para cubrir estas obligaciones y evitar mayores perjuicios sociales y económicos, entendiendo que las deudas afectan la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios y comprometen el acceso al servicio de energía de millones de hogares.
Entre los principales problemas identificados está el cubrimiento de la deuda de la opción tarifaria, que asciende a $3,4 billones; y el atraso en los giros correspondientes al Presupuesto General de la Nación (PGN).
La institución también destacó las deficiencias en el esquema de subsidios, ya que esto no solo compromete la calidad y sostenibilidad de los programas, sino que genera incertidumbre para los inversionistas, quienes requieren seguridad para impulsar nuevos proyectos energéticos que fortalezcan el abastecimiento en el país.
Según el Comité Intergremial de Energía y Gas, estas deudas representan el 60% de los recursos necesarios anualmente y, a su juicio, continúan aumentando. Al cierre de 2024, suman $2.7 billones para energía eléctrica y $628 mil millones para gas natural.
«Aunque las empresas pueden recuperar estos recursos ajustando las facturas de los usuarios, este incremento podría aumentar la cartera vencida, agravando la situación financiera de las compañías y afectando el acceso a los servicios para la población», señala la Contraloría en su comunicado.
Los usuarios de los estratos anteriormente mencionados, podrían enfrentar un aumento significativo en sus facturas. Por ejemplo, una familia que hoy paga $30.000 por el servicio de gas tendría que responder por una factura de hasta $58.000 si se eliminan los subsidios.
En respuesta a esta crisis, el contralor convocó a los ministros de Minas y Energía y de Hacienda, así como a la Procuraduría General de la Nación y gremios del sector energético, para establecer mesas de trabajo que permitan encontrar soluciones inmediatas.
La Contraloría insiste en que garantizar la prestación de los servicios públicos es una obligación que debe abordarse con urgencia. Asimismo, advierte que, sin una intervención rápida y efectiva, el país podría enfrentar no solo un racionamiento energético, sino también una crisis de confiabilidad que desincentive nuevas inversiones en el sector.
