“La transición energética solo será posible si se construyen relaciones transformacionales en el territorio”: Arianna Espinosa

La transición energética en el Caribe colombiano enfrenta un reto clave: pasar de relaciones transaccionales a vínculos transformacionales con las comunidades.

En medio del auge de los proyectos de energía renovable en el Caribe colombiano, la participación ciudadana y la apropiación social se han convertido en elementos críticos para garantizar que la transición energética no reproduzca brechas históricas. Así lo plantea Arianna Espinosa, directora de INSUCO para Colombia, México y Centro América quien fue una de las voces expertas invitadas al pódcast Caribe Potencia Energética.

INSUCO, organización con larga trayectoria en el análisis de contextos territoriales, acompaña procesos de desarrollo sostenible con un enfoque integral que pone en el centro la relación entre comunidades, empresas y Estado. Desde esta experiencia, Espinosa insiste en que el reto de la transición energética no es únicamente tecnológico o normativo, sino fundamentalmente social y político.

“El Caribe tiene un gran potencial energético, no solo para la región sino para Colombia. Pero si queremos que esa riqueza natural se traduzca en bienestar local, necesitamos cambiar la forma en la que nos relacionamos con los territorios”, explicó.

Para Espinosa, la llegada de proyectos eólicos o solares no puede seguir basándose en relaciones transaccionales que buscan resolver lo inmediato, sino en vínculos transformacionales que apunten a construir futuro conjunto.

Participación efectiva: más allá de la norma

Espinosa reconoce que Colombia tiene un marco normativo avanzado en términos de participación, incluso por encima de otros países de América Latina. Desde la consulta previa hasta mecanismos establecidos por el Acuerdo de Escazú y la Ley 1715 sobre energías renovables, el país ha generado una arquitectura legal robusta. Sin embargo, advierte que “la norma no garantiza la copropiedad de los proyectos si no se traduce en prácticas reales”.

Las brechas persisten: “Nos encontramos con comunidades que esperan que las empresas suplan necesidades históricas que han sido responsabilidad del Estado. Y también con falta de información real y accesible sobre qué es y cómo funciona un proyecto energético”, señala.

Espinosa enfatiza que una verdadera participación comienza por el acceso al conocimiento. “¿Cómo se instala un panel solar? ¿Qué vida útil tiene una batería? ¿Cómo puede una comunidad energética vender excedentes a la red? Estas son preguntas clave que la ciudadanía debe poder responder para apropiarse del proceso”, añade. Sin esta comprensión, las decisiones no serán informadas y, por tanto, no pueden considerarse plenamente participativas.

Copropiedad y gobernanza local

La propuesta de Espinosa va más allá de la consulta: implica que las comunidades sean copropietarias del desarrollo energético. “Tenemos que planear el futuro juntos. Si no, corremos el riesgo de que los proyectos se regulen en el papel, pero no se realicen en la práctica”, advierte.

Ejemplos como los proyectos eólicos en La Guajira, que se encuentran actualmente detenidos, demuestran que sin apropiación social y sin legitimidad territorial, ni siquiera las iniciativas más prometedoras pueden avanzar. “No es solo responsabilidad de las empresas. Hay que hacer una revisión de 360 grados, porque también hay debilidades internas en las comunidades: liderazgos frágiles, estructuras de gobernanza débiles, toma de decisiones a corto plazo”, sostiene Espinosa.

Aun así, reconoce la existencia de liderazgos fuertes en el Caribe, muchos de ellos fortalecidos durante décadas de organización comunitaria y resistencia. “Esos liderazgos deben ser aliados estratégicos en la construcción de un modelo de desarrollo transformacional”, asegura.

Energía como medio, no como fin

El cierre de su intervención deja una reflexión clave: “La energía debe ser un medio para alcanzar el desarrollo, no un fin en sí mismo. Si no logramos que esta transición energética contribuya a reducir la pobreza, a mejorar el acceso a servicios públicos y a generar riqueza en los territorios, habremos perdido una oportunidad histórica”.

La apuesta por una energía socialmente sostenible implica no solo pensar en megavatios instalados o en metas de descarbonización, sino en el tejido social que hará viable el cambio. Como plantea Espinosa, el desarrollo no puede llegar a las comunidades; debe construirse con ellas.