Colombia está a puertas de una crisis fiscal en el sector energético. Los subsidios a la electricidad, el gas y los combustibles líquidos han crecido por cuenta del incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de los subsidios de energía correspondientes a 2024 persiste, mientras el déficit sigue aumentando.
Hoy al sector energético, el Gobierno adeuda la suma de 7,4 billones de pesos, de los cuales 2,7 billones corresponden a subsidios, 3,3 billones a la opción tarifaria y 1 billón a deuda oficial, según lo ha denunciado Andesco, en cabeza de su presidente Camilo Sánchez.
Según un informe de la Contraloría, el Estado ha destinado más de 112 billones de pesos solo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), lo que representa una carga fiscal sin precedentes.
Si la situación no se controla, el Gobierno tendrá que tomar decisiones drásticas: reducir o eliminar los subsidios, aumentar tarifas o endeudarse aún más. Cualquiera de estas opciones tendrá consecuencias graves para millones de colombianos.
El estudio revela que los subsidios han crecido un 44% en la última década, mientras que el déficit cubierto por el Presupuesto General de la Nación aumentó un 41%. Esto significa que el país está gastando más en subsidios de lo que puede sostener a largo plazo.
Uno de los principales problemas es la falta de focalización. En teoría, los subsidios deben beneficiar a las familias más vulnerables, pero hay deficiencias en los mecanismos de control. Esto ha permitido que personas que no los necesitan accedan a estos beneficios, generando un gasto ineficiente.
Además, en algunas zonas del país, los subsidios han creado una dependencia que impide la transición hacia un sistema autosostenible. Si los recortes llegan, miles de hogares no tendrán cómo pagar el costo real de los servicios básicos.
¿Quiénes serán los más afectados si los subsidios desaparecen?
Según el informe de la Contraloría, si el Gobierno decide reducir los subsidios para aliviar la crisis fiscal, los primeros en sentir el impacto serán las personas de menores recursos. Actualmente, estos beneficios garantizan que:
- Las familias de estratos 1 y 2 puedan pagar la electricidad. Sin subsidios, muchas tendrían que elegir entre pagar la luz o comprar alimentos.
- Más de 11 millones de hogares accedan a gas combustible. Sin ayuda estatal, regresarían a métodos más costosos y contaminantes como la leña o el carbón.
- Las comunidades de Zonas No Interconectadas (ZNI) tengan energía. Sin los 4.07 billones de pesos destinados a estas regiones, miles de familias quedarían sin acceso a electricidad.
- El precio de los combustibles en zonas alejadas sea más estable. Si se eliminan las compensaciones al transporte de gasolina y diésel, los precios se dispararían en regiones como La Guajira y Nariño, afectando la economía local.
El dilema: ajuste fiscal o protección social
Colombia está en una encrucijada. Por un lado, es evidente que el sistema de subsidios necesita ajustes para ser más eficiente y sostenible. Pero por otro, eliminar o reducir drásticamente estos apoyos pondría en riesgo a millones de personas que dependen de ellos para cubrir sus necesidades básicas.
El reto del Gobierno está en encontrar un equilibrio: optimizar el gasto, mejorar los controles y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, sin comprometer la estabilidad económica del país.
Por ahora, la incertidumbre sigue creciendo. ¿Podrán los subsidios seguir protegiendo a los más vulnerables, o el peso del déficit terminará por desplomarlos?
