El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que busca transformar de fondo la regulación del sector eléctrico en Colombia. La propuesta apunta a corregir ineficiencias históricas en tarifas, subsidios y participación ciudadana, con el objetivo de lograr una regulación más justa, transparente y democrática.
La iniciativa modifica y adiciona artículos de las leyes 142 y 143 de 1994, pilares del marco normativo de los servicios públicos y del sector energético. Entre sus metas principales están garantizar la equidad en los subsidios, mejorar la transparencia en la facturación, ajustar precios y fortalecer la participación social en la regulación del sistema eléctrico.
¿Qué problemáticas busca resolver?
El proyecto parte del diagnóstico de varias problemáticas estructurales: la asignación ineficiente de subsidios, la alta carga tarifaria sobre los usuarios residenciales, la falta de transparencia en la facturación, la ausencia de espacios democráticos en las decisiones regulatorias y la ineficiencia en los mecanismos de confiabilidad del sistema eléctrico.
¿Cómo las aborda?
A través de nuevos mecanismos normativos y ajustes regulatorios, el texto propone redefinir los criterios de entrega de subsidios para focalizarlos en hogares vulnerables, usuarios con necesidades energéticas por salud o en regiones de climas extremos.
Además, plantea que los estratos altos y sectores no regulados asuman parte de las deudas generadas por la opción tarifaria, reforzando la solidaridad financiera.
Transparencia y protección al usuario
Uno de los ejes centrales del proyecto es la transparencia en la facturación. Se prohíbe incluir tasas o impuestos ajenos al servicio de energía y se obliga a separar claramente los conceptos en la factura.
Las entidades territoriales tendrán un año para eliminar tributos basados en el consumo eléctrico, asegurando así facturas más claras y justas.
Tarifas estables y diferenciadas
Para reducir la inestabilidad de precios y proteger a los usuarios de los impactos del mercado mayorista, la iniciativa ordena la creación de mecanismos de estabilización tarifaria y tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias que utilicen energías limpias. También establece que las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, con revisiones periódicas.
Participación y democratización en la regulación
En materia de gobernanza, el proyecto propone una reforma a la composición de la CREG, incorporando representantes de la academia, los sindicatos y los usuarios, además de crear un Comité Consultivo Ciudadano.
Este órgano permitirá que organizaciones sociales presenten recomendaciones sobre decisiones regulatorias, promoviendo una regulación más participativa y plural.
Confiabilidad y sostenibilidad del sistema
La propuesta impulsa la modernización de los mecanismos de confiabilidad eléctrica, fomentando la inversión en fuentes diversas y resilientes.
También promueve tarifas preferenciales para industrias que apuesten por energías limpias, y el fortalecimiento de fondos como FAER, PRONE, FAZNI y FOES, orientados a reducir la pobreza energética y ampliar la cobertura.
Beneficios para los territorios
El proyecto también contempla transferencias adicionales de las plantas hidroeléctricas hacia los territorios donde operan, con el fin de financiar proyectos sociales y reducir los costos energéticos locales.
Con ello se busca que las comunidades reciban beneficios directos del aprovechamiento de sus recursos naturales.
Un paso hacia la transición energética justa
Al integrar criterios de equidad, sostenibilidad y participación, esta propuesta se enmarca en una política estructural de transición energética justa, que busca adaptar el sistema eléctrico a los retos del cambio climático y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo productivo del país.
El Proyecto de Ley “Regulación justa y democratización del sector energético” representa un esfuerzo integral para reequilibrar el sistema, priorizando la justicia social, la eficiencia y la sostenibilidad.
Su aprobación podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado, los usuarios y los agentes del sector energético en Colombia.
