La crisis que enfrenta Air-e, la empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en la región Caribe, abrió un nuevo capítulo luego de que el Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Colombia (SINTRAELECOL), citara a una audiencia pública en Barranquilla, para tratar las preocupaciones e inquietudes de la comunidad frente a las fallas en el servicio eléctrico, proponiendo la liquidación de la empresa y su reestrucuración.
«Que esta empresa sea del sector público, sea estatal. Necesitamos llegar a acuerdos y unos a compromisos con el Gobierno para poder implementar las políticas necesarias y cambiar lo que hoy tenemos», manifestó Eduardo Remolina, presidente del sindicato en el Atlántico.
Durante esta audiencia, presentaron ante Edwin Palma, agente interventor de la compañía, un documento con 23 requerimientos, entre los que se cuentan investigar la situación financiera de la empresa, suspender los racionamientos injustificados en los territorios, eliminar el régimen especial tarifario, garantizar el servicio continuo y permanente para las comunidades vulnerables, entre otros.
Air-e SAS E.S.P, suministra energía departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, concentrando alrededor de 1.3 millones de usuarios. Sus operaciones comenzaron en octubre de 2020, tras la liquidación de Electricaribe, con la misión de mejorar la calidad del servicio en una región históricamente afectada por el déficit eléctrico.
Sin embargo, problemas como fallas en la infraestructura, altas tarifas y apagones recurrentes, han aumentado la incertidumbre tanto de los habitantes del territorio, como del Gobierno. En septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Air-e, señalando que una crisis financiera y operativa estaría comprometiendo la calidad del servicio.
Valga añadir que factores como la falta de consenso entre actores gubernamentales y empresariales, dificultan el camino hacia soluciones sostenibles.
Al respecto, Palma aseguró que la cultura del “no pago” en ciertos sectores estaría agravando esta problemática.
“La mala calidad del servicio lleva a la falta de pago, lo que a su vez incrementa las deudas y dificulta nuevas inversiones. Además, el costo de las pérdidas termina siendo asumido por los usuarios que sí pagan sus facturas, lo que genera más inconformidad”, explicó.
Durante su intervención, Palma subrayó la necesidad de organizar a los usuarios en una junta que permita, de manera eficiente, atender a los reclamos y propuestas, afirmando que «una empresa de servicios públicos no tiene razón de ser sin los usuarios. Por eso, debemos garantizar una representación democrática y territorial que facilite el diálogo y las soluciones”.
El interventor señaló que el Gobierno estaría trabajando para desarrollar proyectos de transición energética, incluyendo la instalación de paneles fotovoltaicos en comunidades vulnerables. Dichas iniciativas podrían beneficiar a más de 10.000 familias en los próximos meses.
Así mismo, permitiría que la compañía, a su juicio, no sólo distribuya energía, sino que la democratice, permitiendo que los usuarios se conviertan en socios y productores.
El futuro de Air-e depende de las decisiones que tome la Superintendencia de Servicios Públicos, que, según Palma, podría evaluar tres posibles escenarios: la liquidación de la empresa, su administración con fines liquidatorios o una reestructuración que permita garantizar su viabilidad.
Mientras tanto, insisten en que el objetivo inmediato es garantizar la continuidad del servicio para evitar un colapso energético en los departamentos a los que llega el suministro por parte de la compañía.
El compromiso del Gobierno, según Palma, debe incluir no solo mejorar el servicio, sino también generar un cambio estructural en la forma en que las empresas de servicios públicos operan, garantizando que los usuarios tengan una representación activa en la toma de decisiones sobre el futuro energético del Caribe colombiano.
Vea aquí la audiencia:
