El Gobierno del presidente Gustavo Petro puso a consideración un proyecto de decreto que plantea un incremento del 20% en el precio de la energía eléctrica para varias actividades económicas. La iniciativa, publicada por el Ministerio de Hacienda, está abierta a comentarios ciudadanos antes de su adopción formal.
La propuesta tiene como propósito recaudar $1,2 billones y se enmarca en la aplicación de los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, incorporados mediante la Ley 1430 de 2010. De acuerdo con el texto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será la entidad encargada del control y recaudo, siguiendo la normatividad vigente en materia de impuestos especiales.
Este anuncio generó gran incertidumbre en la región Caribe, especialmente en los sectores afectados, porque aún no se siente la rebaja que se anunció y se piensa subir un 20 por ciento; para Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, es un hecho que genera preocupación, “tenemos claridad al respecto de lo que propone el gobierno de volver a cobrar la sobretasa a la energía a varios sectores industriales para recaudar $1.2 billones de pesos. El problema son las consecuencias y, en últimas, de dónde saldrán esos recursos de $1.2 billones, porque los que empezaran a pagar de nuevo la sobretasa la pueden trasladar como costo de producción a la población en los bienes y servicios”.
“Y eso es lo que hay que determinar. En últimas, ¿sobre quién recaerá el pago de los $1.2 billones que piensa recaudar el gobierno con la sobretasa del 20% para estos sectores industriales, que le podrían trasladar ese cobro a la población como un mayor costo de producción en sus bienes y servicios?”, se preguntó Alarcón, exigiendo claridad al respecto.
El documento justifica la medida en la necesidad de atender el déficit creciente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, que según cifras oficiales ha aumentado de manera sostenida entre 2005 y 2024 tanto en términos reales como frente al Producto Interno Bruto (PIB).
El decreto redefine además los beneficiarios de la exención energética, limitándola a los usuarios industriales cuya actividad principal esté registrada en el RUT bajo los códigos 101 al 332 de la Resolución 000114 de 2020 de la DIAN, clasificación correspondiente a la industria manufacturera.
Según el Ministerio de Hacienda, la decisión busca proteger a este sector por sus menores márgenes de rentabilidad. En 2023, la industria manufacturera registró un margen de rentabilidad después de impuestos de 4,4%, mientras que la explotación de minas y canteras alcanzó 9,8% y el suministro de electricidad, gas y agua llegó a 11,2%.
De esta manera, el Gobierno argumenta que el ajuste en las tarifas contribuirá a una redistribución más eficiente de los beneficios tributarios, concentrándolos en un sector considerado más vulnerable a los altos costos energéticos.
