El sector del gas natural en Colombia enfrenta un escenario crítico, demarcado por la reducción acelerada de las reservas nacionales y el notable incremento en la dependencia de importaciones. Según el reciente ‘Informe Sectorial GAS’, las reservas probadas han caído de 3,16 terapies cúbicos (TPC) en 2020 a 2,37 TPC en 2023, lo que representa una disminución del 25% en tan solo tres años.
El descenso de reservas se debe a la disminución en la inversión exploratoria, la falta de nuevos hallazgos significativos y los retrasos en proyectos estratégicos, como los desarrollos en Uchuva y Tayrona. Paralelamente, la infraestructura actual –si bien consolidada en puntos clave como la planta regasificadora SPEC de Cartagena– se ha mostrado insuficiente para cubrir la creciente demanda interna, impulsando un significativo aumento en la importación de gas natural licuado (GNL).
En 2024, el valor de las importaciones ascendió a USD 870,5 millones, frente a los USD 400,7 millones del año anterior, evidenciando un incremento del 117% . Este incremento ha repercutido en los costos de tarifas residenciales e industriales, generando presiones inflacionarias y afectando la competitividad del país.
El presidente Gustavo Petro manifestó ayer su preocupación por la falta de acciones estratégicas por parte de actores clave, como Ecopetrol, en la implementación de políticas de importación de gas. Dichas omisiones han favorecido la entrada de condiciones desfavorables impuestas por intermediarios, repercutiendo en el precio final de la energía para los colombianos.
En este sentido, el país debe garantizar una política energética coherente, que priorice la autosuficiencia, sin descuidar la transición hacia fuentes renovables. Justamente, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) ha advertido de un posible déficit de gas del 8,2% en 2025 y del 20,6% en 2026, en caso de no dinamizar los proyectos exploratorios y modernizar la infraestructura existente, haciendo énfasis en el potencial del país, que, de aprovecharlo, no requeriría de importaciones adicionales.
A esto se le suma el hecho que en Colombia solo hay una regasificadora, ubicada en Cartagena y tiene la misión de procesar el gas para su transporte hacia el interior del país; se espera que en el 2026 entre a operar otra, para el fortalecimiento del proceso.
La logística deberá centrarse tanto en la construcción de la planta como en el transporte del gas, lo que implicaría articulaciones e inversiones nuevas en el Caribe colombiano.
La disminución de reservas, falta de exploración y atraso en proyectos clave han deteriorado la seguridad energética nacional. Ante este panorama, expertos y autoridades coinciden en la necesidad de una respuesta coordinada que incluya:
• Reforzamiento de la exploración para recuperar la producción interna y prolongar la autosuficiencia energética.
• Modernización y expansión de la infraestructura de transporte y regasificación, particularmente en regiones estratégicas.
• Definición de incentivos tributarios y mejoras en la seguridad jurídica que estimulen la inversión privada y pública en el sector.
El fortalecimiento de la matriz energética se presenta como una prioridad para garantizar la estabilidad económica, la soberanía nacional y el bienestar de los ciudadanos. La implementación de una política energética coherente y proactiva será determinante para mitigar el impacto de las importaciones y sentar las bases para un futuro sostenible
