Una nueva controversia se desató entre el Gobierno nacional y el sector minero luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara, a través de su cuenta en la red social X, la expedición de un decreto presidencial que prohíbe la exportación de carbón colombiano a Israel, al asegurar que este recurso está siendo utilizado «para hacer bombas que matan niños en Gaza».
En su mensaje, el mandatario señaló directamente a las empresas Glencore (de origen suizo) y Drummond, a quienes acusó de continuar las exportaciones pese a la orden presidencial. Según Petro, el 60 % del carbón utilizado por Israel en la fabricación de armamento proviene de estas compañías. Además, hizo un llamado al «pueblo suizo» y a la justicia colombiana para procesar penalmente a los administradores de ambas empresas «por ayuda al genocidio».
La respuesta desde el sector no se hizo esperar. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), rechazó tajantemente las declaraciones del presidente y defendió la labor de las compañías al asegurar que «el carbón colombiano se exporta para generar energía eléctrica, fuente vital para hogares, hospitales e infraestructura, incluso en Gaza, a donde llega parte de esta energía».
Nariño también aclaró que el mismo decreto firmado por el Gobierno permite continuar las exportaciones cuando existen contratos vigentes. Además, calificó de «falsas, temerarias y sin respaldo judicial» las afirmaciones que vinculan a empresas legales con el asesinato de sindicalistas en el departamento del Cesar. “Esa estigmatización injusta pone en riesgo la integridad de personas y comunidades que viven de la minería”, advirtió el dirigente gremial.
El cruce de señalamientos ha dejado en evidencia una profunda división entre el Ejecutivo y el sector minero, reabriendo el debate sobre la relación entre los recursos naturales colombianos, su destino internacional y los criterios éticos y jurídicos que deberían regir estas decisiones.
Hasta el momento, ni Glencore ni Drummond se han pronunciado oficialmente sobre la acusación del presidente, mientras que desde sectores políticos y de derechos humanos se piden aclaraciones sobre el impacto real de esta medida y su aplicación en el marco de contratos comerciales ya establecidos.
