Barranquilla fue el escenario de una manifestación contra las altas tarifas energéticas, en la que el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis que afecta al sector y particularmente a la región Caribe. En su intervención, señaló a las empresas generadoras de energía como, a su juicio, las principales responsables del alto costo del servicio y advirtió que su Gobierno no permitirá abusos en la fijación de tarifas.
“La fórmula establece varios pasos para producir el precio de la energía que se cobra. El más grande, el peso más grande, en un 35% más o menos, es el de la generación. Aquí está el principal problema. Los mayores responsables de la tarifa se llaman generadores”, explicó el mandatario.
A continuación, denunció que las hidroeléctricas venden la energía hasta 13 veces por encima de su costo real, una ganancia que comparó con la rentabilidad del narcotráfico.
El presidente también hizo un fuerte llamado a XM, empresa encargada de la operación y administración del Sistema Interconectado Nacional (SIN), asegurando que si la organización no aplicaba la nueva fórmula tarifaria a partir de la Resolución CREG 101 066 de 2024, delegaría al Ministro de Minas y Energía para tomar acciones.
Las declaraciones del jefe de Estado generaron respuesta por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), rechazando sus afirmaciones a través de un comunicado en el que resaltaron que si llegase a suceder un apagón en el país, la responsabilidad será, según ellos, del Gobierno.
«Lamentamos que el presidente de la República utilice las tarifas de energía y las necesidades de la población como un discurso político y en contra de las regiones, generando confusiones y divisiones entre los ciudadanos. Rechazamos las afirmaciones realizadas sobre la supuesta ilegalidad y estafa en las tarifas de energía, y ratificamos que todo lo que se cobra a los usuarios está ajustado a la ley y la regulación vigente», aseguró Camilo Sánchez, presidente de Andesco en el documento.
Así mismo, el lider gremial recordó que el Gobierno tiene una deuda con las empresas de 3.3 billones de pesos de subsidios, que de no pagarse, afectaría a los usuarios de los estratos 1,2 y 3.
“Le pedimos al Gobierno que cuando esté pensando en afectar al sector, también piense en los 560 mil colombianos que trabajan en él en todas las regiones y en los usuarios que están esperando soluciones concretas», agregó.
Respecto a la advertencia del presidente Petro de delegar al Ministro de Minas y Energía para tomar acciones sobre la empresa XM, Sánchez, pidió no generar cortinas de humo y, en contraste, enfocar esfuerzos para resolver la problemática de la región Caribe.
“Si se acaban los subsidios sí sería un hecho grave de parte del Gobierno que atenta contra el bolsillo de las familias que más lo necesitan. No vamos a caer en provocaciones, este sector es serio y requiere decisiones técnicas y que a los usuarios se les hable con la verdad», concluyó.
Paralelamente, los gremios ANDEG, Ser COLOMBIA, Naturgas, Acolgen, Andesco y Asocodis, hicieron un llamado de mesura y responsabilidad frente al debate del sector energético.
«El panorama es complejo, y esta semana hemos sido testigos del impacto que pueden tener palabras inoportunas, sin fundamento y fuera de contexto. Como ciudadanos colombianos, es nuestro derecho y deber exigir al Gobierno Nacional que tome las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el futuro, porque como lo hemos dicho en otros escenarios la situación es muy crítica y de no garantizarse tanto el pago de subsidios y la Opción Tarifaria, como el ingreso de proyectos con mayor oferta de generación, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento o apagones», destacaron mediante un comunicado.
De igual manera, explicaron que: «las empresas generadoras de energía han invertido más de 140 billones de pesos en la infraestructura, permitiéndonos con ello superar por más de 30 años sequías y fenómenos de El Niño; además, que durante los tres primeros trimestres de 2024 estas empresas aportaron a la economía 36,5 billones de pesos, equivalentes al 3% del PIB de ese periodo».
Más adelante en su intervención, Petro lanzó duras críticas contra Germán Vargas Lleras y su papel en la privatización del sector energético, asegurando que la venta de Isagen en 2016 marcó un punto de quiebre en el modelo tarifario actual. “Desde que vendieron Isagen, perdimos la manera de vigilar a qué costo se genera la energía y cuánto le cobran realmente a los usuarios”, afirmó.
El jefe de Estado también cuestionó la subasta en la que Isagen pasó a manos del fondo de inversión Brookfield, asegurando que se excluyó a empresas colombianas como EPM y la Empresa de Energía de Bogotá. “Vendieron el patrimonio público al mejor postor, favoreciendo intereses privados que hoy controlan el mercado”, sostuvo.
Petro criticó que el sistema actual ha convertido a la electricidad en un negocio en lugar de garantizarla como un «derecho fundamental para la ciudadanía». En ese sentido, presionó a su equipo de gobierno para avanzar en soluciones que permitan reducir los costos de la energía sin afectar la sostenibilidad del servicio.
En respuesta a la presión ciudadana y a los recientes señalamientos, el Ministerio de Minas y Energía anunció que en las próximas semanas presentará un plan de intervención para aliviar la carga tarifaria en el Caribe. Sin embargo, gremios y expertos han advertido que las soluciones deben ser estructurales y no medidas temporales.
Mientras tanto, organizaciones sociales han advertido que, de no haber respuestas concretas, podrían convocarse nuevas manifestaciones en la región. “El pueblo del Caribe está cansado de promesas. Queremos soluciones reales y definitivas”, señalaron manifestantes a través de videos publicados en redes sociales.
Con la mirada del país puesta en la crisis energética, las decisiones que se tomen en los próximos días serán clave para determinar el rumbo del sistema eléctrico en el Caribe.
