La subnormalidad eléctrica se ha convertido en uno de los mayores desafíos financieros y técnicos para las empresas Air-e y Afinia, encargadas de la distribución de energía en la región Caribe. Miles de usuarios consumen el servicio sin medidor y, por tanto, sin pagar, generando un impacto directo en la sostenibilidad del sistema eléctrico y en la calidad del servicio que reciben los demás usuarios formales.
En el caso de Air-e, la compañía estima que existen alrededor de 190.000 predios sin contador eléctrico, lo que significa que estas viviendas no realizan ningún tipo de pago por la energía que consumen. En muchos casos, los barrios subnormales se abastecen a través de conexiones ilegales o redes improvisadas, lo que incrementa las pérdidas técnicas y no técnicas, además de representar un alto riesgo de accidentes eléctricos.
La empresa explicó a Caribe Potencia Energética que, “estos recursos son muy valiosos y el no recibirlos se traduce en falta de inversiones en infraestructura y mejora de redes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira: uno de los problemas más agudos es, aparte de los sectores eléctricamente subnormales, lo sectores o predios que tienen conexiones ilegales”.
La subnormalidad eléctrica, además de la ausencia de medidores, incluye problemas de precariedad en la infraestructura, deficiencias en el suministro y zonas que no están interconectadas al Sistema Interconectado Nacional, donde la energía llega de forma intermitente o simplemente no llega.
Por su parte, en el área de cobertura de Afinia, la situación no es menos crítica. La empresa reporta que en los llamados barrios eléctricamente subnormales apenas logra recaudar el 5% de lo que factura mensualmente, lo que se traduce en pérdidas superiores a los $300.000 millones de pesos al año; así lo hizo saber su presidente, Ricardo José Arango, en dialogo con Caribe Potencia Energética.
De los 887 barrios atendidos por Afinia, solo 377 cuentan con certificación técnica vigente. Los demás funcionan con redes artesanales y sin medición individual, dificultando el control del consumo y aumentando los riesgos eléctricos. Según cifras oficiales, en estos sectores residen más de 165.000 familias, que consumen cerca de 49 millones de kilovatios hora al mes. Sin embargo, el recaudo efectivo apenas alcanza los $1.375 millones, frente a una facturación estimada de más de $26.000 millones.
Cada hogar en estas zonas consume en promedio más de 330 kWh mensuales, cifra incluso superior a la de los usuarios formales de estratos bajos. Este fenómeno, según las compañías, tiene raíces sociales profundas: desplazamientos forzados, pobreza, asentamientos informales y crecimiento urbano sin planificación han derivado en comunidades enteras sin infraestructura eléctrica formal.
La baja cultura de pago, las redes en mal estado y la falta de formalización del servicio mantienen a Air-e y Afinia en una situación de presión económica constante. Las empresas insisten en que sin una estrategia conjunta del Gobierno Nacional, los entes territoriales y las comunidades, la problemática seguirá afectando la estabilidad del sistema energético y limitando la mejora del servicio en la región Caribe.
