Colombia enfrenta un panorama preocupante en materia energética. De acuerdo con el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el país podría registrar un déficit de gas a partir de 2026 y de electricidad hacia 2027-2028.
El tema ya se instaló como eje central en la campaña presidencial. Durante el foro «Futuro del sector energético», organizado por Anif, los precandidatos expusieron propuestas que evidencian una profunda división: unos defienden ampliar la exploración de hidrocarburos y permitir el fracking, mientras otros insisten en acelerar la transición hacia energías limpias. La pregunta de fondo es si alguna de estas estrategias logrará evitar apagones y al mismo tiempo cumplir con las metas de descarbonización.
El gas, primera alarma
Expertos coinciden en que el déficit de gas es el riesgo más inmediato. Manuel Gómez Fajardo, director de Energía e Industrias Reguladas en la firma Cuatrecasas, señaló que la demanda ya supera la oferta y que Colombia depende de importaciones con impacto directo en las facturas de los usuarios. En la misma línea, el exministro Amylkar Acosta advirtió que el país tuvo que importar gas en 2024 por primera vez en casi medio siglo, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Energía eléctrica en incertidumbre
El riesgo no se limita al gas. Jorge Hernando Pedraza, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, alertó que de más de 20.000 megavatios programados en proyectos solares y eólicos, apenas 3.000 han entrado en operación. Los retrasos en transmisión y renovables ponen en entredicho la confiabilidad del sistema eléctrico hacia 2030. Para Pedraza, la discusión no debería quedarse en un choque ideológico, sino en garantizar una «transición ordenada, diversificada y sostenible».
Tarifas, el otro frente de batalla
El costo de la energía y el gas se convirtió en un dolor de cabeza para los hogares colombianos. Mientras algunos precandidatos sostienen que las tarifas altas obedecen al déficit de oferta y los cuellos de botella en transmisión, otros responsabilizan a la falta de control estatal sobre las reglas del mercado. Acosta insiste en que solo con más oferta se reducirá el precio, pero sectores gremiales recuerdan que la cadena de transporte y distribución también encarece las facturas.
Conflictos socioambientales y licencias
A las tensiones técnicas se suman los conflictos con comunidades y las demoras en licenciamiento. Las posturas van desde eliminar o reducir la consulta previa, hasta propuestas de digitalizar y agilizar trámites mediante inteligencia artificial. Sin embargo, los expertos insisten en que el papel del Estado como mediador y garante será determinante para destrabar los proyectos.
Transición energética, entre lo urgente y lo estructural
La discusión sobre el rumbo energético también pone en juego el modelo de desarrollo a largo plazo. Mientras candidatos como Susana Muhamad abogan por acelerar un sistema basado en renovables, otros, como Efraín Cepeda y Mauricio Cárdenas, defienden a los hidrocarburos como «puente financiero» para la transición. Analistas advierten que ni una apuesta exclusivamente fósil ni una transición abrupta son sostenibles; el reto es equilibrar seguridad de suministro con objetivos climáticos.
En conclusión, Colombia se encuentra en un punto crítico: sin reglas claras, seguridad jurídica ni un consenso político amplio, ni la ampliación de hidrocarburos ni la apuesta acelerada por las renovables alcanzarán a resolver la crisis a tiempo. El próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales, con un horizonte de largo plazo, para evitar que el país entre en una era de apagones y tarifas impagables.
